Con el apoyo unánime de todos los Grupos Municipales que conformaban el Consistorio de la Ciudad de Terrassa (Barcelona), los padres de David confeccionaron un protocolo de actuaciones en el intento de encontrar una solución viable a las necesidades de las personas presuntamente incapaces que, debido a su situación o estado, no resulta posible acceder con ellas a las dependencias judiciales para la tramitación de sus respectivos procedimientos de incapacitación. Fueron estas:
1.- Concienciación y demanda a los estamentos institucionales y políticos, a nivel de Cataluña.
2.- Concienciación a la opinión pública, a través de los medios de comunicación social (prensa, radio y televisión)
3.- De no obtenerse los resultados a nivel de Cataluña, concienciación y demanda a los estamentos institucionales y políticos del Estado Español.
4.- Exposición de todas las actuaciones efectuadas y los resultados obtenidos al Real Patronato de la Discapacidad (S.M. Reina Dª Sofía).
Con fecha 8 de enero de 2007 se iniciaron las actuaciones del punto 1., con el envío de unos amplios dossiers con documentación motivada de los hechos y petición a:
* Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
* Presidente de la Generalidad de Cataluña.
* Consejera de Justicia de la Generalidad de Cataluña
* Presidente del Parlamento de Cataluña
* Grupo Parlamentario Socialistes - Ciutadans pel Canvi
* Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya
* Grupo Parlamentario Iniciativa per Catalunya - Els Verds
* Grupo Parlamentario Covergència i Unió
* Grup Parlamentari Partit popular
* Grup Parlamentari Ciutadans
* Síndic de Greuges de Catalunya
En lo referido al punto 2, "Diari de Terrassa" publicó un reportaje en su edición del día 17 de marzo.
Las primeras respuestas, no se hicieron esperar. Con fecha 19 de enero de 2007, María Eugenia Alegret Burgés, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informaba que "... la Presidencia de este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no tiene facultades para intervenir en los procesos judiciales abiertos en los juzgados y tribunales...." y más adelante añadía "Asimismo y dada la problemática que ponen de manifiesto, dirijo vuestro escrito al Excmo. Sr. Fiscal Jefe de este Tribunal Superior de Justicia, para que tenga conocimiento de ello. El Ministerio Fiscal, como saben es parte en este tipo de procesos".
Con aquella misma fecha, Isidor García, Jefe del Gabinete de la Consejera del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, manifestaba en el último párrafo de su carta que "... la Consejera ha dado las instrucciones pertinentes a la Comisión de Codificación del Observatorio de derecho Privado de Cataluña, que es el órgano responsable de las modificaciones legislativas en materia de derecho civil, para que valoren la posibilidad de incorporar esta modificación en el libro II del Código Civil de Cataluña relativo a la persona y familia, a pesar de que se ha de tener en cuenta que la regulación del procedimiento de incapacitación recogido en la Ley de enjuiciamiento civil, constituye materia procesal de competencia estatal y se ha de analizar, por consiguiente, la viabilidad de esta propuesta."
En los próximos días, los padres de David tuvieron una frenética actividad, al ser convocados, en el Parlamento de Cataluña, por los diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios que fueron destinatarios de las documentaciones referidas anteriormente. Todos ellos, sin excepción, tomaron buena nota de las explicaciones complementarias recibidas, y prometieron su apoyo a la iniciativa propuesta.
De los estudios efectuados se llegó a la conclusión de que procedía proponer una modificación a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y concretamente en el capítulo del Procedimiento de Incapacitación. Al ser una ley estatal, la iniciativa correspondía ser recogida en una Proposición de Ley , que debería ser aprobada por el Parlamento de Cataluña, y ser posteriormente remitida al Cogreso de los Diputados, en Madrid.
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